Desde el anunció de convocatoria a referendo y sobre todo desde que se conoció públicamente las cuatro preguntas remitidas al Tribunal Supremo Electoral, numerosas fueron las observaciones de orden jurídico constitucional y también de orden político respecto a la impertinencia del referendo que pretende el gobierno, más cuando el mismo es promovido por iniciativa presidencial, sin que dicha
autoridad tenga la atribución para convocar a referendo para la reforma parcial
de la Constitución.
Pese a las observaciones de diferente índole, el gobierno insistió con el trámite ante el Tribunal Supremo Electoral, obteniendo el 23 de agosto un informe con observaciones a las cuatro preguntas; debido a que los mismos incumplen con los criterios de precisión, claridad e imparcialidad, cuyos parámetros se encuentran establecidos en la Ley de Régimen Electoral.
El mismo día en horas de la noche el ministro Iván Lima anunció en su cuenta de X (Twitter) que, el gobierno reformularía las primeras tres preguntas para su remisión el lunes (26 de agosto) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a efectos del control constitucional; sabiendo que la legalidad de los magistrados de ese órgano se encuentra cuestionada por el pueblo boliviano; en razón a que, el mandato de seis años dispuesto por la misma Constitución feneció el 31 de diciembre de 2023.
Al presidente no le interesa los resultados del referendo, sino los efectos políticos electorales; porque de lo contrario, si en verdad le interesaría consultar a la ciudadanía a través de este mecanismo de democracia directa y participativa, mínimamente se hubiese preocupado para que las preguntas estén debidamente formuladas y que el TCP tenga magistrados cuya competencia no se encuentre cuestionada.
Más allá de los fines político electorales que pretende el gobierno con el referendo, como es deslindar la responsabilidad sobre el manejo económico, evitar costos políticos de su pésima administración, sacar de carrera electoral al expresidente Morales, entre otros; el referendo tiene un objetivo más, cual es honrar el compromiso de protección e impunidad para los autoprorrogados, con quienes viene cogobernando hasta la fecha.
Como fueron vanos los esfuerzos del gobierno y de los autoprorrogados para lograr que la Asamblea Legislativa Plurinacional los reconozca a través de una Ley, a efectos de legalizar la autoprórroga y evitar futuras responsabilidades; ahora, recurren al referendo para que ese reconocimiento se produzca tácitamente, con la participación del pueblo en las urnas, respondiendo las preguntas declaradas constitucionales por los usurpadores de funciones.
El TSE fijó el 1 de diciembre para las elecciones judiciales; por lo que, no es casual que se pretenda llevar a cabo la misma fecha el referendo, a efectos que la población se encuentre obligada a asistir a urnas, porque si se tratara únicamente del referendo, por el rechazo generalizado sería un fracaso, debido a la inasistencia de los electores.
En ese contexto, los autoprorrogados del TCP, obviamente darán luz verde al referendo, declarando la constitucionalidad (compatibilidad) de las preguntas; además, es su única y última oportunidad de blindarse de futuros procesos penales, haciendo que la población los legitime y reconozca tácitamente con su asistencia a las elecciones judiciales y al referendo.
A los autoprorrogados, no les interesa el cumplimiento de la Constitución, sino, obtener un manto de impunidad para lo posterior; de manera que, ante futuros procesos penales o constitucionales, arguyan que fue el mismo pueblo quien reconoció la legalidad de sus actos acudiendo a las urnas a emitir su voto respecto a las preguntas que declararon constitucionales, y dejar sin efecto sus actos conllevaría la anulación del voto popular.
Por Rubén Choquepalpa
25 de agosto de 2024
